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El Instituto de la Mujer organiza un seminario para fomentar la igualdad de género en la comunidad gitana

de noviembre de 2011.- La directora general del Instituto de la Mujer, Teresa Blat, ha inaugurado el seminario Intervención socio-familiar en igualdad de oportunidades con la comunidad gitana, que, organizado por este organismo y la Fundación Secretariado Gitano, se desarrolla los días 7 y 8 de noviembre. En este acto, Teresa Blat ha estado acompañada por el director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez.

Este seminario, celebrado en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones, está dirigido a profesionales, hombres y mujeres, que trabajan con la comunidad gitana. Entre sus objetivos está el aprendizaje de conocimientos, experiencias y herramientas en la intervención socio-familiar y comunitaria con la comunidad gitana, principalmente aquella que tenga en cuenta la situación de las mujeres gitanas y/o la perspectiva de género.

Durante su intervención, Teresa Blat se ha referido a la doble discriminación que sufren las mujeres gitanas, señalando que “es necesario trabajar para mejorar las condiciones de la comunidad gitana en su conjunto”.

Para la directora general del Instituto de la Mujer, “las entidades y poderes públicos debemos organizar el bienestar de hombres y mujeres gitanas, que forman parte también de la sociedad en la que vivimos”.

Durante este seminario, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se tratarán, entre otros temas, la importancia socio-familiar para mejorar la igualdad de oportunidades en la comunidad gitana y la situación de la igualdad entre hombres y mujeres gitanas.

Fuentes:
http://www.inmujer.gob.es

Avances de España en igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad

La ministra de Sanidad Política, Social e Igualdad, Leire Pajín, subraya los avances de España en igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad
•Durante la jornada “La Política sobre Discapacidad en el horizonte 2020”
•En el acto se ha presentado la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, aprobada el pasado 14 de octubre por el Consejo de Ministros, cuyo objetivo es servir de marco de referencia integral y directriz para el desarrollo de todas las políticas públicas en materia de discapacidad
•España es uno de los primeros países del mundo que ha aprobado la Ley de adaptación normativa a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la legislación nacional que afectan a todos los ámbitos de la vida
2 de noviembre de 2011. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha resaltado hoy los avances en materia de discapacidad que ha promovido el Gobierno de España en las dos últimas legislaturas. Entre ellos, la adaptación de la legislación española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que convierte a nuestro país en uno de los pioneros en esta materia.

“Si logramos integrar a las personas con discapacidad, además de un país más justo, haremos un país más fuerte porque no hay nada más caro e insostenible que un país desigual”, ha manifestado Leire Pajín durante su intervención en la inauguración de la jornada “La Política sobre Discapacidad en el horizonte 2020”, celebrada en Alicante, uno de cuyos objetivos ha sido la presentación de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, aprobada el pasado 14 de octubre por el Consejo de Ministros con el objetivo de facilitar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos de forma efectiva y real.

“La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supone la consagración de un nuevo enfoque de las políticas sobre discapacidad, basado en los derechos humanos y superando definitivamente la perspectiva asistencial de la discapacidad”, ha señalado la ministra, quien ha garantizado que el Gobierno “no dará un paso atrás en políticas sociales”.

Según Pajín, “si hay voluntad política se harán presupuestos austeros en lo superfluo, pero comprometidos en lo social”. Asimismo, ha añadido que “no se puede pedir más esfuerzo a los más vulnerables sino a los que más recursos tienen”.

España fue uno de los primeros países del mundo en ratificar, el 30 de marzo de 2007, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. El pasado mes de septiembre el Comité de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas sometió a España a un examen sobre el cumplimiento de la Convención, “una prueba que superó con buenos resultados”, ha añadido Leire Pajín.

“Además, fuimos de los primeros países en modificar nuestra legislación por medio de la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, ha recordado, quien ha subrayado “el paso tan importante que se ha dado en la salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad”.

Según Pajín, esta nueva Ley “introduce las reformas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades, incorpora la definición legal de persona con discapacidad y extiende la aplicación de las medidas de defensa jurídica a las personas con discapacidad”.

Asimismo, la ministra ha hecho referencia al avance que supone la inclusión en la Ley General de Sanidad de la discapacidad como “nueva causa de no discriminación de la persona en su relación con las administraciones públicas sanitarias”.

En materia de accesibilidad ha destacado la modificación de la Ley sobre Propiedad Horizontal, mediante la cual se eleva a un 4% los proyectos de viviendas protegidas adecuadas para garantizar el acceso y la seguridad de las personas con discapacidad.

Por otra parte, ha recordado que en el plazo de un año se debe remitir a las Cortes Generales “un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida”.

“A pesar de la crisis económica –ha añadido- se ha mantenido un nivel de gasto público social significativo, de modo que no han quedado afectadas las prestaciones concretas a la ciudadanía y tampoco las subvenciones y ayudas a las organizaciones”.

Fuentes:
msps.es

Informe del Gobierno para la Evaluación de los cuatro primeros años de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia

La ministra de Sanidad Política, Social e Igualdad, Leire Pajín, presenta el Informe del Gobierno para la Evaluación de los cuatro primeros años de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia
•Consejo de Ministros
•Un 80,7% de las personas beneficiarias encuestadas para la realización de esta evaluación consideran positiva o muy positiva la protección a la dependencia, con una valoración media de notable (3,4 puntos sobre 5)
•Las personas beneficiarias con prestaciones han crecido de año en año. Las prestaciones reconocidas a 1 de octubre de este año se acercan al millón y en el SAAD están registradas como personas beneficiarias 739. 949 en esa misma fecha
•La Ley ha impulsado la inversión en atención a la dependencia. Si el gasto sobre el PIB en el 2003 era del 0,32% en el 2010 ha sido el doble, el 0,64%. El 93% de este gasto es imputable directamente al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (6.301 millones)
•Los empleos vinculados a la atención a la dependencia durante 2009 y 2010 han supuesto un total de 248.000, y se han creado 165.000 nuevos empleos como resultado de la nueva inversión económica
•Además 149.565 personas se han incorporado al sistema de la seguridad social como cuidadoras familiares.
04 noviembre de 2011. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha presentado hoy al Consejo de Ministros el informe que ha elaborado el Gobierno para la evaluación de la Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD).

El informe está estructurado en dos partes diferenciadas; en la primera se examina el Sistema desde el punto de vista del análisis normativo, de costes y financiación, de impacto económico, análisis comparado europeo, análisis del Sistema de Información del SAAD (SISAAD) y la memoria de actividades de la Administración General del Estado en el ámbito del SAAD.

En la segunda parte se recoge el resultado de las encuestas de valoración realizadas a las Comunidades Autónomas, interlocutores sociales y económicos, organizaciones sociales, FEMP, y a las personas beneficiarias y cuidadoras.

Respecto a las personas beneficiarias, hay que destacar que a 1 de octubre de 2011 son ya 739.949 las personas beneficiarias del Sistema, a las que se les ha reconocido un total de 911.050 prestaciones.

Desde que la Ley comenzó su despliegue e implantación en 2007, las personas beneficiarias se han incrementado constantemente.

El calendario de desarrollo de la LAPAD ha sido cumplido fielmente según lo previsto. Ya se han incorporado al sistema las personas valoradas con un nivel del dependencia muy grave y grave (grados III y II respectivamente). En enero de este año han comenzado a incorporarse como beneficiarios al sistema las personas con dependencia moderada (grado I, nivel 2).

Valoración del SAAD por las personas beneficiarias

Un 80,7% de las personas beneficiarias encuestadas consideran positiva o muy positiva la protección a la dependencia, con una valoración media de notable (3,4 puntos sobre 5).

En cuanto a los servicios y prestaciones del sistema, el 78% delos beneficiarios y beneficiarias les dan la calificación de buenos o muy buenos con un puntuación media de notable (4,4 puntos sobre 5).

El perfil de las personas que muestran más satisfacción con el Sistema de Atención a la Dependencia se corresponde con las personas de más edad, que tienen un grado mayor de dependencia, viven en un entorno no urbano y tienen asignado un servicio.

Hay que destacar también que el 82,8% de los cuidadores y cuidadoras de personas en situación de dependencia considera positiva o muy positiva la protección a los beneficiarios y beneficiarias, otorgándole una valoración media de 3,7 puntos sobre 5.

Inversión económica en atención a la dependencia

La Ley ha impulsado la inversión en atención a la dependencia. Si el gasto sobre el PIB en el 2003 era del 0,32%, en el 2010 ha sido el doble, el 0,64%.

En 2010, el gasto corriente total en atención a la dependencia se situó en 6.767 millones de euros.

Si atendemos al indicador de gasto por habitante mayor de 80 años, éste se situaba en 2009 en 866 euros. En 2010, este mismo gasto aumentó hasta llegar a los 1.434 euros, lo que supone un incremento del 65.64%. Y lo mismo ha ocurrido con el gasto por habitante: en 2009 era de 75 euros y en 2010, 113 euros; es decir, un incremento del 50,66%.

La administración general del Estado (AGE) ha financiado el 47% del gasto total en atención a la dependencia en 2009, aportando 2.299 millones de euros del coste total, estimado en 4.848 millones. En 2010, la AGE ha aportado 2.625 millones de euros a la financiación del gasto global en dependencia; esta cifra representa el 39% del total de 6.767 millones.

En cuanto al gasto “nuevo”, es decir, el relativo a las nuevas prestaciones reconocidas al amparo de la LAPAD, en 2009 alcanzó 2.262 millones de euros, elevándose en 2010, hasta los 3.623 millones de euros, lo que representa un 61% del gasto total en materia de atención a la dependencia.

Por lo que se refiere al gasto “nuevo neto”, que comprende las aportaciones de las administraciones públicas sin tomar en consideración las aportaciones de las personas beneficiarias, ƒ{ en el año 2010 se habría casi alcanzado el equilibrio financiero marcado por la LAPAD, con un porcentaje de participación del 54% por parte de la AGE y del 46% por las Comunidades Autónomas, aunque esta meta no se había logrado en el 2009, siendo mucho mayor la aportación de la AGE. No obstante, debe puntualizarse que de computar la aportación del Plan E, y las cuotas de Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales, la aportación de la AGE se vería incrementada de manera importante.

En Canarias, la Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia, la aportación de la AGE al coste nuevo de la LAPAD supera el 70%.

Impacto de la LAPAD en la economía y el empleo

Los empleos generados vinculados a la atención a la dependencia derivados de la implantación de la ley durante 2009 y 2010 ascienden a 123.0000 empleos directos y 42.000 indirectos, contribuyendo por tanto a la reducción de la tasa de paro.

En cuanto los retornos fiscales, un 19,70% de los gastos que supone la LAPAD se han recuperado a través de retornos fiscales de diferente naturaleza. En concreto, esta tasa de retorno supone que se han recuperado veinte céntimos por cada euro invertido en la atención a la dependencia, debido al estímulo de la economía provocado por el gasto generado por la LAPAD.

Respecto al impacto de la implantación del SAAD en el volumen de la producción real de la economía española durante el periodo 2008-2010, ha sido de 0,15 puntos porcentuales respecto a la tasa media de crecimiento anual.

Avances en el SAAD

El Sistema para la Atención a la Dependencia (SAAD) ha supuesto la armonización de la regulación en la materia en las 17 Comunidades Autónomas, y su puesta en marcha ha sido posible gracias a la colaboración y participación de todas las administraciones públicas, ya que la gestión de las prestaciones se ha llevado a cabo por las Comunidades Autónomas en colaboración con las Entidades Locales.

Los avances más importantes en el SAAD se han sustentado, entre otros, en:

· Establecer un baremo de valoración de la situación de dependencia único para todo el Estado
· Desarrollar una catálogo común de servicios de atención para todos los grados y niveles
· Establecer criterios comunes de calidad de los centros y servicios
· Garantizar prestaciones económicas para las personas beneficiarias
· Integrar en el Sistema de Seguridad Social a las personas cuidadoras no profesionales

Además se ha desarrollado el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), fundamental para conocer la realidad y facilitar la gestión de las prestaciones.

Valoración de las Comunidades Autónomas, FEMP, Agentes Sociales y Económicos, Consejos Consultivos, Organizaciones, Proveedores de Servicios, Colegios y Organizaciones Profesionales

La valoración global del SAAD resultante de la encuesta efectuada al efecto es positiva, e indica que todos los consultados consideran que ha sido un avance en el Estado del Bienestar y que ha reforzado la cooperación y coordinación entre la AGE, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Además, consideran un valor añadido a la puesta en marcha del SAAD las mejoras en la profesionalización y calidad del sistema de servicios sociales.

El informe refleja todavía una evolución desigual de la aplicación de la Ley por parte de las Comunidades Autónomas, ante lo que la ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha planteado medidas dirigidas a avanzar en igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas vivan donde vivan, entre las que podemos destacar:

– Un sistema de financiación que garantice el cumplimiento de la ley y su sostenibilidad en el futuro.
– Una cartera de servicios comunes de obligado cumplimiento por las Comunidades Autónomas.
– Un Consejo Territorial como mecanismo cooperativo cuyas decisiones y acuerdos sean de obligado cumplimiento.
– Herramientas de transparencia e información a la ciudadanía.
– Estrategias de coordinación socio sanitaria.

Fuentes:
msps.es

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